Entradas
Nucleares, energía, Protocolo de Kyoto
@Carlos Sánchez - 14/06/2009
Paradojas de la vida. El país que más se aleja del cumplimiento del Protocolo de Kyoto -como consecuencia de un modelo productivo depredador con el medio ambiente- se presenta ahora ante al mundo como el ariete contra las centrales nucleares (que por cierto no emiten gases de efecto invernadero). Lo curioso del asunto es que se trata de uno de los Estados europeos con peores registros en cuanto a intensidad energética -el indicador que muestra la relación entre la energía consumida y la producción de bienes-, lo que refleja que su estructura productiva y energética es altamente ineficiente. Se gasta mucho para producir poco.
Pero para mayor perplejidad, estamos ante una nación que todavía no ha sido capaz de resolver el principal problema de las centrales nucleares desde el punto de vista de la seguridad: dónde demonios depositar los residuos radiactivos de alta actividad, y que hoy -como solución temporal- duermen en las piscinas situadas en los mismos emplazamientos donde fueron generados, lo que desde luego no es garantía de seguridad. Se trata –no conviene olvidarlo- del mismo país que todavía tiene que ‘repatriar’ basura nuclear (salvo que pague altísimas indemnizaciones si no lo hace en el plazo pactado) depositada en Francia y Reino Unido, procedente de las centrales de Vandellós I y Garoña.
Pero eso sí, estamos ante un Estado en el que sus ciudadanos se encuentran entre los más antinucleares de Europa -lo dice el Eurobarómetro que elabora la Comisión Europea-, pero ocurre que ningún municipio está dispuesto a albergar un cementerio nuclear en sus proximidades, lo que sin duda allanaría el camino para el entierro definitivo de la industria del átomo.
Pues bien, ese país, antes de resolver esos problemas relacionados con la sostenibilidad del territorio y del sistema económico, parece decidido a no renovar las autorizaciones de explotación de centrales nucleares, tal y como han interpretado los exégetas del presidente sus recientes palabras: El Gobierno “procurará cumplir” –ha dicho Zapatero- su programa electoral, en el que se pone negro sobre blanco el compromiso político de cerrar los reactores al final de su vida útil, que convencionalmente se sitúa en 40 años.
Un escenario singular
Dando por buena esa interpretación de las palabras del presidente -que vienen a ser una especie de ‘Nucleares; de entrada, no’, España se asoma a un escenario energético verdaderamente singular. Es uno de los países con mayor dependencia energética del mundo, pero parece dispuesto a abandonar la energía nuclear, que hoy supone casi el 20% de la producción eléctrica.
Y aquí está la paradoja. En vez de enmarcar el cierre de Garoña -o la eventual renovación de su licencia- en el contexto de un plan energético estratégico de larguísimo plazo, parece que la decisión descansa exclusivamente en la voluntad política del presidente del Gobierno, como si el aprovisionamiento energético no fuera una cuestión de Estado que sobrevuela al inquilino de turno en la Moncloa.
Desde luego que no se trata de una decisión cualquiera. Es verdad -como ha recordado recientemente Zapatero en el Senado- que la central de Garoña (que comenzó a estar operativa en 1971) aporta tan sólo el 1,4% del consumo eléctrico del país, pero no es menor cierto que detrás de la planta burgalesa vienen Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellos II. Todas estas centrales deben renovar su licencia antes de noviembre de 2011, es decir dentro de la actual legislatura, por lo que la decisión sobre Garoña necesariamente ‘contaminará’ al resto de centrales.
Estamos, por lo tanto, ante un falso debate que tiene un fuerte comportamiento ideológico-electoral: ‘nucleares, si’ o ‘nucleares, no’; pero que obvia el problema de fondo las garantías de aprovisionamiento energético a precios compatibles con las necesidades de bienestar
Pero aquí surge de nuevo otra paradoja. Ha dicho el presidente que esperará a que se cumpla la vida útil de las centrales, lo que significa que agotará los 40 años. Y eso significa que hasta el año 2028 habría centrales en funcionamiento. La última Vandellós, que comenzó a ser operativa en 1988, en plena moratoria. Las fechas son importantes por una razón. Evidencian que la mayor parte del parque nuclear español empezó a estar operativo en pleno parón nuclear. Felipe González hizo en su día un ejercicio de real politik y aceptó su apertura, toda vez que una decisión en contrario hubiera sido lo mismo que tirar miles de millones a la basura.
Avances tecnológicos
¿Y por qué 40 años y no 50 o 60? En EEUU, con una legislación muy severa tras el accidente de Three Mile Island en 1979, se ha extendido la vida útil de 26 unidades hasta los 60 años, y otras 18 centrales están en proceso de revisión. Y en Japón -un país altamente sensibilizado con la energía nuclear por razones obvias- se plantea la posibilidad de contar con centrales cuya vida sea del orden de 70 años. Todo gracias a los avances tecnológicos, que permiten centrales más eficientes y seguras, lo que explica el voto favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para que Garoña siga funcionando 10 años más. Lo determinante, por lo tanto, no es el concepto de ‘vida útil’, sino las condiciones de seguridad de cada planta nuclear.
Estamos, por lo tanto, ante un falso debate que tiene un fuerte comportamiento ideológico-electoral: ‘nucleares, si’ o ‘nucleares, no’; pero que obvia el problema de fondo las garantías de aprovisionamiento energético a precios compatibles con las necesidades de bienestar de la población. El falso debate se plantea, incluso, como un asunto excluyente. Como si la renovación de las autorizaciones no fuera complementaria con la apuesta por las energías renovables, cuya capacidad de sustitución de las fuentes tradicionales es hoy por hoy –desgraciadamente- limitada. Claro está a no ser que un país con más de cuatro millones de parados esté dispuesto a hacerse el haraquiri económico. Y lo que es todavía peor, el debate se plantea como una cuestión que afecta exclusivamente al Ejecutivo, cuando se trata de una decisión nacional que en ningún caso debe tomarse por razones electoralistas.
Hay que mantener, por lo tanto, la moratoria nuclear; pero eso no es incompatible con la renovación de Garoña, hasta el preciso momento en que el Consejo de Seguridad Nuclear diga que la central es inviable. Y en paralelo, acelerar tanto el uso de energías renovables –sin pagar sobreprecios- como el uso más racional de la energía, derrochada a raudales con planes urbanísticos insostenibles que hacen desplazarse cada mañana a millones de ciudadanos a sus centros de trabajo. Cambiando, al mismo tiempo, un sistema de transporte depredador del medio ambiente que potencia el uso de medios individuales frente a los colectivos. Es decir, crear las condiciones objetivas para que este país pueda desprenderse de la pesadilla nuclear. Pero eso no es lo mismo que poner los bueyes delante de los carros, como pretende el señor presidente.
